La economía verde y digital acelera su ritmo de llegada

Con la pandemia de Covid-19 en pleno apogeo, el 21 de julio de 2020, el Consejo de Europa aprobó el mayor plan de estímulo de la historia europea: una UE de nueva generación con un presupuesto de 750.000 millones de euros. Una poderosa palanca para ayudar a mitigar los efectos devastadores de la crisis económica causada por la epidemia.

Este plan se creó para apoyar un enorme cambio socioeconómico hacia una sociedad más sostenible y digital. Su nombre ya es revelador: la Unión Europea de Nueva Generación.

Casi el 90% de este paquete, es decir, 672.500 millones de euros, está constituido por un mecanismo de recuperación y resiliencia destinado a fomentar la inversión y promover las reformas en los Estados miembros para transformar definitivamente sus economías. La superación de la crisis pandémica es una gran oportunidad para que la UE se centre en las prioridades ecológicas y digitales.

“Vivimos en la parte más desarrollada del mundo, con sociedades que requieren grandes excedentes y economías muy avanzadas. La sostenibilidad ya está aquí, no sólo desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista competitivo”, afirma Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas.

El nombre Next Generation es una declaración de intenciones.

Si en la última crisis económica la Unión Europea exigió equilibrar las cuentas y no endeudarse, en definitiva ahorrar, esta vez la gran exigencia es dedicar fondos a los objetivos de transformación hacia una sociedad más verde y digital.

Toni Roldán, director del Centro Esade de Política Económica, califica este momento como “una gran oportunidad para cambiar el modelo de desarrollo” y asegura que es también una prueba de la “cohesión política” de la UE.

Por ello, España, que recibirá 140.000 millones de euros del programa Next Generation durante los próximos seis años, ha elaborado un plan de recuperación, transformación y resiliencia para satisfacer sus necesidades.

Los tres primeros objetivos enumerados en el plan son, como es lógico, “promover la transición ecológica, fomentar la transformación digital y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.

El plan del Gobierno español incluye diez políticas “tractoras”. La agenda urbano-rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura recibirán el 16% de los fondos, que se destinan a mejorar la habitabilidad del medio urbano y a satisfacer las necesidades del medio rural.

El 12% de los fondos recibidos se destinarán a apoyar infraestructuras y ecosistemas resilientes y el 9% a la transición energética. La modernización y digitalización de “nuestro ecosistema empresarial” atraerá el 17% y la transformación de la administración pública “en el motor del cambio tecnológico” el 5%. Las reformas de sostenibilidad y digitalización suponen el 59% del total de los recursos, lo que demuestra su importancia prevista.

Una ambiciosa transformación que Valentín Pich no duda en calificar de “difícil”. “La tarea que se impone a los gobiernos europeos no es fácil, porque tienen que cumplir lo que se ha fijado y luego demostrarlo, porque se medirá lo que se ha conseguido”, dice.

Lo mismo puede decirse de las empresas, que también deben enfrentarse al panorama económico que deja la pandemia. Pich añade que, por otro lado, hay que seguir avanzando en “la economía, digamos, tradicional, porque no todo es sostenibilidad y digitalización”.

Como ejemplo, el economista cita un sector vital de la economía española, como es el turismo: “Es encomiable trabajar en el cuidado de los lugares y las aguas o en la búsqueda de la playa perfecta, pero no hay que olvidar el sector existente, el tradicional”. Para este experto es fundamental no perder de vista que la economía, aunque tiende a ser cada vez más verde y digital, debe ser “competitiva”.

Toni Roldán señala que el proceso de cambio económico en España se enfrenta a tres problemas que deben ser abordados en profundidad: la educación, las instituciones y el empleo. El problema que teme este experto es que “se está poniendo más énfasis en la inversión que en las reformas necesarias”.

Un enfoque positivo es el punto de partida para lograr una sociedad más ecológica y digital. La conciencia ecológica está bien establecida en Europa y el trabajo en este ámbito ya estaba en marcha antes de la pandemia.

En España se acaba de aprobar una ley de cambio climático y transición energética que recoge legalmente los compromisos del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y las agendas internacionales en esta materia.

También se está elaborando un proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que actualiza la legislación de 2011, y un anteproyecto de Ley de Financiación de la Movilidad y el Transporte Sostenibles. Esta normativa es un ejemplo de cómo el medio ambiente ya estaba en la agenda oficial antes de la crisis.

En cuanto a la digitalización, la pandemia le ha dado un gran impulso. La transformación tecnológica es una realidad imparable que todos experimentamos antes de 2020, pero las restricciones de movilidad provocadas por la crisis sanitaria han acelerado la introducción del entorno digital.

Hay que destacar como factores positivos la alta preparación digital de los jóvenes y los recursos ya disponibles en el mundo económico. Sin embargo, es la rapidez del proceso lo que supone un obstáculo, y esto es especialmente cierto para las pequeñas empresas y las microempresas, que constituyen la mayor parte de la estructura empresarial española.

CAMBIOS EN EL TRANSPORTE EN LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS
El transporte se ha convertido en uno de los principales objetivos de la transformación ecológica de la economía y la sociedad. Medios como los aviones y los coches producen grandes cantidades de emisiones de dióxido de carbono y la tendencia es actuar en este ámbito.

El Gobierno, de la mano de Pedro Sánchez, ha elaborado un informe titulado España 2050, que recoge análisis y propuestas de trabajo para los próximos 29 años y en el que el transporte juega un papel central.

Una de las medidas que más ha llamado la atención es la recomendación de prohibir los viajes en avión de menos de 2,5 horas y ofrecer una alternativa en forma de transporte ferroviario. Francia ya ha aprobado una ley en este sentido.

El objetivo es que el ferrocarril sea el medio de transporte del futuro, ya que tiene menos impacto en el medio ambiente. Por ello, está previsto mejorar la red ferroviaria española para que sustituya, en la medida de lo posible, al transporte de pasajeros y mercancías por carretera.

“En cuanto al transporte de mercancías, es necesario ampliar la electrificación de la red ferroviaria, utilizar trenes híbridos con hidrógeno renovable en los tramos no electrificados, aumentar la eficiencia de las terminales intermodales e integrar el ferrocarril en aquellos puertos y aeropuertos que no lo tienen”, dice el informe.

Y también sugiere utilizar la fiscalidad para lograr estos objetivos. El texto abre la posibilidad de imponer un impuesto a los pasajeros frecuentes de las aerolíneas y un impuesto a los billetes de avión en función de si el destino está más o menos cerca del punto de partida.

En el transporte por carretera, podría introducirse un nuevo impuesto basado en el consumo real de los coches según su potencia, peso y los gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera.

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